Marco normativo de los centros especiales de empleo

Ámbito internacional.

En relación con la lucha contra la discriminación y en pro de la igualdad real y efectiva de todas las personas, tiene especial relevancia la aprobación, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el día 13 de diciembre de 2006, y ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, siendo estos, entre otros, los derechos civiles y políticos, el derecho a la educación, la salud, el trabajo y el empleo, la participación y la inclusión.

La Convención, en su artículo 4, determina que los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma. La citada Convención, en su artículo 27 dispone que los Estados Partes promoverán el ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, adoptando medidas, incluida la promulgación de legislación, para permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación, formación profesional para el empleo, así como el apoyo para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

Ámbito Unión Europea.

El Tratado Constitutivo de la Unión Europea determina, en su artículo 13, que el Consejo podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad.

La Directiva 2000/78/CE del Consejo, promulgada en desarrollo del citado artículo 13, establece un marco general mejorable por los Estados miembros, para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

Para garantizar el principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidad, se promoverán medidas de acción positiva, favoreciendo la adaptación de los puestos de trabajo y la realización de ajustes razonables. Esto significa que los empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, tomar parte en el mismo, etc., salvo que las medidas supongan una carga excesiva para el empresario. La carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente por los poderes públicos.

La citada Directiva considera que el empleo y la ocupación son elementos esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, contribuyendo decisivamente a la participación plena en la vida económica, cultural y social, así como en su desarrollo personal; desempeñando, asimismo, un papel fundamental a la hora de combatir la discriminación por motivos de discapacidad con la adopción de medidas de acción positiva.

A su vez el Reglamento (CE) No 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) (D.O.U.E. L214/3, de 9 de agosto), dispone en su artículo 41, "Ayudas en favor de los trabajadores discapacitados en forma de subvenciones salariales":

"1. Las ayudas para el empleo de trabajadores discapacitados en forma de subvenciones salariales serán compatibles con el mercado común a tenor del artículo 87, apartado 3, del Tratado y quedarán dispensados de la obligación de notificación establecida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado si cumplen las condiciones establecidas en los apartados 2 a 5 del presente artículo.

2. La intensidad de ayuda no superará el 75 % de los costes subvencionables.

3. Serán subvencionables los costes salariales a lo largo de cualquier periodo determinado durante el cual esté contratado el trabajador discapacitado."

Ámbito Estado español.

La Constitución Española, en su artículo 9.2, determina que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad de los individuos sean reales y efectivas y remover los obstáculos que dificulten su participación en la vida política, económica, cultural y social. Asimismo, el artículo 14 establece que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social.

El artículo 49 encomienda a dichos poderes públicos la realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, a las que prestarán la atención que requieran para el disfrute de los derechos fundamentales. Entre estos derechos se hallan los derechos laborales contenidos en el artículo 35.1 – derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia-, así como los principios rectores de la política social y económica recogidos en el artículo 40, entre los que destaca la obligación de los poderes públicos de realizar una política orientada al pleno empleo y a fomentar una política que garantice la formación y readaptación profesionales.

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las personas con discapacidad, desarrollada al amparo de lo dispuesto en el artículo 49 de la C.E., establece en su artículo 37 que la finalidad primordial de la política de empleo de trabajadores con discapacidad será su integración, en condiciones que garanticen la aplicación del principio de igualdad de trato, en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido.

En su artículo 41, dispone que:

"Las personas discapacitadas que por razón de la naturaleza o de las consecuencias de su discapacidad no puedan, provisional o definitivamente, ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales, deberán ser empleados en Centros Especiales de Empleo, cuando su capacidad de trabajo sea igual o superior a un porcentaje de la capacidad habitual, que se fijará por la correspondiente norma reguladora de la relación laboral de carácter especial de las personas discapacitadas que presten sus servicios en Centros Especiales de Empleo.

Esta configuración en una norma con rango de ley de la relación de las personas discapacitadas que trabajen en Centros Especiales de Empleo como relación laboral de carácter especial es coherente con el contenido del artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, que establece la consideración como relación laboral de carácter especial de los trabajos que sean expresamente declarados por una Ley como relaciones laborales de tal carácter, y ha sido desarrollada mediante el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, "por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las personas con discapacidad que trabajen en los centros especiales de empleo"

El artículo 42 establece, respecto de los centros especiales de empleo, que:

"1. Los Centros Especiales de Empleo son aquellos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores con discapacidad; a la vez que sea un medio de integración del mayor número de las personas con discapacidad al régimen de trabajo normal.

2. La plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por el mayor número de personas con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. A estos efectos no se contemplará el personal no discapacirtado dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.

Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos que procuren al trabajador minusválido del Centro Especial de Empleo una mayor rehabilitación personal y una mejor adaptación de su relación social."

El Real Decreto 2273/1985, de 4 diciembre, "por el que se regulan los centros especiales de empleo de personas con discapacidad", dispone en su artículo 2 que: "Sin perjuicio de la función social que los Centros Especiales de Empleo han de cumplir y de sus peculiares características, su estructura y organización se ajustará a los de las Empresas ordinarias".

La Estrategía Global de Acción para el Empleo de personas con discapacidad 2008-2012 fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de Septiembre de 2008, y está dirigida a promover el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo mejorando su empleabilidad e integración laboral.

Los centros especiales de empleo están definidos como entidades de economía social en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, "de economía social", y actúan de acuerdo con lo siguientes Principios orientadores:

"a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.

b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

d) Independencia respecto a los poderes públicos."

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