Marco normativo de los centros especiales de empleo

Ámbito internacional.

Naciones UnidasEn relación con la lucha contra la discriminación y en pro de la igualdad real y efectiva de todas las personas, tiene especial relevancia la aprobación, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el día 13 de diciembre de 2006, y ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, siendo estos, entre otros, los derechos civiles y políticos, el derecho a la educación, la salud, el trabajo y el empleo, la participación y la inclusión.

La Convención, en su artículo 4, determina que los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma. La citada Convención, en su artículo 27 dispone que los Estados Partes promoverán el ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, adoptando medidas, incluida la promulgación de legislación, para permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación, formación profesional para el empleo, así como el apoyo para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

 

Ámbito Unión Europea.

Proyectos Europeos. ERASMUS+El Tratado Constitutivo de la Unión Europea determina, en su artículo 13, que el Consejo podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad.

La Directiva 2000/78/CE del Consejo, promulgada en desarrollo del citado artículo 13, establece un marco general mejorable por los Estados miembros, para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

Para garantizar el principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidad, se promoverán medidas de acción positiva, favoreciendo la adaptación de los puestos de trabajo y la realización de ajustes razonables. Esto significa que los empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, tomar parte en el mismo, etc., salvo que las medidas supongan una carga excesiva para el empresario. La carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente por los poderes públicos.

La citada Directiva considera que el empleo y la ocupación son elementos esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, contribuyendo decisivamente a la participación plena en la vida económica, cultural y social, así como en su desarrollo personal; desempeñando, asimismo, un papel fundamental a la hora de combatir la discriminación por motivos de discapacidad con la adopción de medidas de acción positiva.

A su vez el Reglamento (UE) Nº 651/2014 Este enlace se abrirá en ventana nuevade la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (D.O.U.E. L187/1, de 26 de junio de 2014), dispone en su artículo 33, "Ayudas en favor de los trabajadores discapacitados en forma de subvenciones salariales":

1. Las ayudas para el empleo de trabajadores con discapacidad serán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, del Tratado, y quedarán exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el presente artículo y en el capítulo I.

2. Serán subvencionables los costes salariales a lo largo de cualquier período determinado durante el cual esté contratado

 

Ámbito Estado español.

Bandera de EspañaLa Constitución Española, en su artículo 9.2, determina que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad de los individuos sean reales y efectivas y remover los obstáculos que dificulten su participación en la vida política, económica, cultural y social. Asimismo, el artículo 14 establece que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social.

El artículo 49 encomienda a dichos poderes públicos la realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, a las que prestarán la atención que requieran para el disfrute de los derechos fundamentales. Entre estos derechos se hallan los derechos laborales contenidos en el artículo 35.1 – derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia-, así como los principios rectores de la política social y económica recogidos en el artículo 40, entre los que destaca la obligación de los poderes públicos de realizar una política orientada al pleno empleo y a fomentar una política que garantice la formación y readaptación profesionales.

El Real Decreto Legislativo 1/2013Este enlace se abrirá en ventana nueva, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE Nº 289, de 03/12/2013), establece en su artículo 37 que será finalidad de la política de empleo aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación. Para ello, las administraciones públicas competentes fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción profesional en el mercado laboral, y promoverán los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo

En su artículo 43, dispone que:

1. Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente

2. La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. A estos efectos no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.

Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva.

3. La relación laboral de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros especiales de empleo es de carácter especial, conforme al artículo 2.1.g) de Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y se rige por su normativa específica, siendo desarrollada mediante el Real Decreto 1368/1985Este enlace se abrirá en ventana nueva, de 17 de julio, "por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las personas con discapacidad que trabajen en los centros especiales de empleo"

El Real Decreto 2273/1985Este enlace se abrirá en ventana nueva, de 4 diciembre, "por el que se regulan los centros especiales de empleo de personas con discapacidad", dispone en su artículo 2 que: "Sin perjuicio de la función social que los Centros Especiales de Empleo han de cumplir y de sus peculiares características, su estructura y organización se ajustará a los de las Empresas ordinarias".

Los centros especiales de empleo están definidos como entidades de economía social en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, "de economía social", y actúan de acuerdo con lo siguientes Principios orientadores:

"a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.

b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

d) Independencia respecto a los poderes públicos."

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